La Iglesia juego un rol importante, en el proceso de institucionalidad nacional. En ocasiones ha ido demasiado lejos, y se  da el derecho de dirigir a las instituciones, en vez de ser consejera.

La Iglesia, y cuando se habla de Iglesia nos referimos   a la Católica, tampoco puede estar por encima de los organismos institucionales.

Ahora mismo se presenta una dualidad entre las funciones del nuevo Tribunal Superior Electoral, y las tareas de mediación de monseñor Agripino Núñez Collado.

Si fue creado el Tribunal Superior Electoral, no hay ninguna razón, ni una sola, para que exista una comisión de mediadores, una comisión de notables.

Los representantes de la sociedad civil fueron los creadores originales del Tribunal Superior Electoral, pero también son la tabla de sustentación de los mediadores.

Están con Dios y con el Diablo. Deben saber que el tribunal significa que las comisiones de notables para dirimir los problemas electorales no tienen razon de ser.
Con el tribunal de elecciones se crea una sólida nueva burocracia, que tiene que ser pagada con el impuesto del pueblo, por lo que tiene el derecho  y la obligación de trabajar.

No somos partidarios de que exista la doble función  del Tribunal Superior Electoral y la comisión de mediadores.

Uno de los dos organismos sobra, y está de más. Monseñor Agripino Núñez Collado ha hecho grandes servicios a la institucionalidad nacional, pero no puede estar por encima de la ley.

Si hay un tribunal para tratar las litis electorales, ya no le corresponde a él ser el que busque soluciones a los problemas electorales.

No es un problema de respeto ni reconocmiento. Los legisladores, instados por la sociedad civil, crearon ese tribunal, le dieron atribuciones y designaron sus jueces.

Entonces no hay más que hablar. Debe comenzar a trabajar con independencia, porque tampoco puede ser un poder del Estado sometido a un eterno narigón.

La Junta Central Electoral debe cumplir con su trabajo de organizar las venideras elecciones generales. En esta tarea tiene una gran responsabilidad.

Por tanto no hay razón para mantener pleitos intestinos, donde ninguna de las partes tiene la fuerza suficiente para acorralar a la otra.

Debe haber una política  de consenso, para que los problemas se puedan solucionar en el seno del organismo, sin tener que caer en manos extrañas.

No somos partidarios de comisiones de notables para dirimir los problemas electorales. Para eso está el Tribunal Superior Electoral.

Dura es la ley, pero es la ley y hay que aplicarla.